Hay una cuestión de urgencia que no puede esperar más y ese es el mensaje principal que nosotros hoy les traemos aquí. Hay un problema de una legislación completamente anómala, a pesar de lo que diga el representante de la banca; todos sabemos que en ningún país de nuestro alrededor está pasando lo que está pasando aquí. Somos el país de Europa que más desahucia, con mucha diferencia, y al mismo tiempo el país que más miles de viviendas vacías acumula
Antes que nada, quisiera aclarar que no soy nadie importante. No tengo cargos de presidente ni de expresidente de nada y desde luego mi presencia aquí no es importante por mí misma, sino que en todo caso si tiene algún interés es porque soy una cara momentáneamente visible de un movimiento ciudadano que implica ahora mismo a miles y miles de personas, que no deja de crecer, que tiene ya más de cien núcleos en todo el Estado y que está movilizando precisamente a esa gente afectada que la injusta ley que hoy se está debatiendo aquí ha expulsado del sistema y ha decidido condenar a la muerte civil de por vida. En todo caso, porque existe ese movimiento ciudadano de miles de personas que hoy se está organizando y está liderando este debate desde hace cuatro años mi presencia aquí puede tener algún sentido.
Antes de empezar, a propósito de estas comparecencias me parece importante recordar una ausencia forzada muy grave, y es que no comparezcan aquí magistrados. Si no lo he entendido mal, no se ha rectificado en el último momento y de momento no está previsto que ningún miembro del Poder Judicial comparezca hoy aquí, a pesar de que, después de la movilización ciudadana, si alguien ha respondido mucho antes que otra Administración pública han sido precisamente algunos jueces, cada vez más afortunadamente. Nos sorprende y no entendemos que si realmente se quiere abordar este problema no se escuche hoy aquí a los magistrados, especialmente al señor Seijo, que seguramente fue uno de los primeros que abordó este tema y que alertó y denunció lo que estaba provocando la injusta ley que tenemos.
Se ha hablado ya en comparecencias anteriores y, a pesar de que sabemos que aquí no nos podemos extender —veinte minutos dan para muy poco, y más en una lucha que lleva, como les decía, cuatro años—, aunque sea en este poco tiempo hay que hacer siquiera una mínima mención al tema de las causas. No podemos extendernos, pero todos sabemos que las causas siempre hay que abordarlas, sobre todo si no se quieren repetir los errores del pasado. Nuestro punto de partida es, como ya hemos dicho en otras ocasiones a quien nos ha querido escuchar, que aquí no estamos ante un problema social, como decía el anterior compareciente o como decían otros miembros de esta sala. Aquí estamos ante una estafa generalizada, una estafa de la que les podría hablar muchísimo porque les podría dar muchísimos detalles lamentablemente, pero sobre la que les puedo resumir algunos ingredientes. ¿Por qué hablamos de estafa? Hablamos de estafa porque en este país no es verdad que haya sido una libre opción de la ciudadanía el hecho de hipotecarse; no es verdad que esa haya sido una acción libre e informada. En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, absolutamente todo te llevaba a acceder a la vivienda, que —recordemos— no es un capricho, es un bien de primera necesidad reconocido como derecho fundamental porque todo el mundo necesita una vivienda. Estamos hablando de necesidades básicas de las personas, no hablamos de yates ni de bienes de lujo. Se jugó con una necesidad básica de la población y se hicieron unas políticas públicas muy concretas que hicieron que prácticamente la única opción que quedaba en este país para acceder a ese bien de primera necesidad fuera el sobreendeudamiento. Eso se hizo con muchas políticas que ahora podríamos como mínimo mencionar. En primer lugar, la política fiscal. Desgravaba solo la compra, nunca desgravó el alquiler. El alquiler se desreguló y, a diferencia de otros países que son referente para otros temas, como por ejemplo Alemania, no existe ningún tipo de regulación del mercado privado. La única garantía es que los contratos duran cinco años, y eso ha hecho que haya un mercado del alquiler totalmente inestable, caro y en mal estado. Por tanto, no era una alternativa real. Además, el mensaje oficial del Estado, incluso cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria, tanto con Gobiernos socialistas como con Gobiernos populares, era que en España no había burbuja inmobiliaria, que la vivienda era la inversión más segura que podía hacer cualquier familia y que lo mejor que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda. Por tanto, lo que hizo la población fue exactamente aquello que el Estado le recomendaba cada día que hiciera. Las ministras de Vivienda salían cada año a decirnos que la mejor inversión que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda.
Podríamos recordar también el papel de las entidades financieras, que no solo secundaban estos mitos de que la vivienda era una inversión segura y de que no había burbuja inmobiliaria en el Estado español, a pesar de que muchos indicadores alertaban de que sí existía, y la propia sociedad civil una vez más lideró ese debate y en 2006, cuando se negaba oficialmente que existiera burbuja, denunció la existencia de esa burbuja. Las entidades financieras no solo negaban la burbuja inmobiliaria, sino que además ofrecían hipotecas a través de unos contratos de adhesión que ellas escribían, que ellas diseñaban, es decir, no era un contrato libre que se negociaba entre las partes, sino que las entidades financieras redactaban los contratos y lo tomabas o lo dejabas. La gente necesitaba una vivienda, no tenía esa libre opción que decíamos antes. Además, toda la presión era: si no lo coges ahora, mañana te costará más, con lo cual, si te va a costar más dinero, mejor cómpralo hoy. Esos contratos —hoy lo hemos descubierto, hoy lo sabemos— estaban repletos de cláusulas abusivas de las que no se informó, insistimos. Tampoco se informó, ni siquiera está escrito en el contrato, de que si las subastas quedaban desiertas la ley española preveía que no se respondiera solo con el bien hipotecado, sino que la deuda te podía perseguir de por vida. Eso la gente no lo sabía cuando firmó las hipotecas. Si no, seguramente mucha gente no habría firmado esas hipotecas. No informó la Administración pública, no informaron las entidades financieras y no informaron los notarios, que es otro colectivo que hoy, al menos a los ojos de la ciudadanía, está completamente bajo sospecha. Esas hipotecas se hicieron con tasaciones completamente infladas, con precios totalmente sobrevalorados, con unas tasadoras que imponía siempre la entidad financiera, nunca las personas afectadas. Por tanto, una vez más estamos en un desequilibrio manifiesto de responsabilidades.
Podría seguir muchísimo más, pero entiendo que tenemos poco tiempo. Les podemos hacer llegar mucho material que tenemos escrito sobre este tema y, si quieren, luego podemos profundizar sobre algún aspecto. Creo que he dado ya suficientes elementos como para que entiendan por qué nosotros estamos hablando de estafa hipotecaria, porque aquí ha habido algunos que han hecho un grandísimo negocio: algunas administraciones públicas durante unos años se han financiado con este negocio inmobiliario, inmobiliarias, constructoras y entidades financieras. Cuando todo ha estallado, porque era insostenible, no están asumiendo ninguna responsabilidad y en cambio toda la responsabilidad está cayendo única y exclusivamente en la parte más débil, en la parte más vulnerable, en la ciudadanía, que necesitaba acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por eso nos parece importante recordar cómo se ha gestado esta estafa.
Aparte de esto, como cuestión preliminar antes de entrar a hablar de las propuestas, nos parece también muy importante subrayar, una vez que todo esto ha estallado, que se ha conocido la estafa y que se han conocido los efectos devastadores de esta legislación injusta y anómala, el papel que ha jugado cada uno en todo esto. Sobre todo destacar el papel de la sociedad civil a la que desde aquí desde luego queremos felicitar enormemente desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, porque frente a la adversidad y la injusticia la sociedad civil está dando una lección a los supuestos expertos, esos mismos expertos que no previeron la burbuja y no hicieron nada por impedirla. La sociedad civil es la que ha estado liderando en todo momento tanto la denuncia del problema como la propuesta de soluciones. Como decía, las plataformas de afectados por la hipoteca nacieron hace cuatro años en Barcelona. Entonces el problema estaba completamente invisibilizado. En estos cuatro años estas plataformas y las miles de personas que se están organizando con estas plataformas han hecho lo que debería haber hecho la Administración pública, es decir, primero, ver venir el problema, organizarse inmediatamente para hacerle frente porque se detectó una gravísima vulneración de derechos fundamentales con riesgos enormes para las vidas de las personas, como desgraciadamente se está comprobando; segundo, denunciar el problema y visibilizarlo, pero no solo eso, sino buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Las plataformas de afectados por las hipotecas recurrieron a todo tipo de expertos, que afortunadamente han colaborado de forma desinteresada, también expertos juristas y economistas, e inmediatamente se detectó como problema fundamental el tema de la deuda y el tema de la pérdida de vivienda en la estafa hipotecaria. Frente a eso, se diseñó inmediatamente una propuesta legislativa, que es la que hoy se ha acabado reuniendo en una iniciativa legislativa popular de la que seguidamente pasaré a hablar.
Además de diseñar inmediatamente, hace ya tres años, las propuestas de reforma legislativa que hoy de hecho están centrando el debate social, se organizó para hacer frente cotidianamente a esa vulneración de derechos fundamentales desde la convicción de que no solo es un derecho de la ciudadanía, sino que es una obligación moral el hecho de reaccionar contra la vulneración de derechos fundamentales incluso, si hace falta, desobedeciendo leyes injustas para forzar precisamente que estas leyes cambien. Es así como estas plataformas, sin ningún tipo de recursos ni apoyo institucional, sin ni siquiera el 1% de los recursos que puedan tener las administraciones públicas, es la primera que ha hecho frente al problema de los desahucios, que ha parado ya más de 550 desahucios en todo el Estado; es la que ha forzado a las entidades financieras a negociar centenares de daciones en pago y alquileres sociales; es la que ha interpelado a todos los niveles de la Administración, también a los jueces, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas para que, aunque fueran medidas parciales, se implementaran para hacer frente a esta barbarie. Todo eso lo ha hecho, insisto, la sociedad civil, a pesar de ser sistemáticamente ninguneada por la Administración pública y por el Estado. Insisto en que la sociedad civil no solo ha liderado la detección y la denuncia del problema, sino que ha liderado también la propuesta de soluciones y eso nos parece muy relevante para lo que ahora es objeto de esta Comisión, precisamente debatir cuáles deben ser las medidas urgentes a implementar.
Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que lo vivimos cada día, que conocemos exactamente cada arista del problema, que llevamos cuatro años negociando con bancos, con la Administración pública, con los juzgados y por lo tanto sabemos exactamente de qué estamos hablando. Eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito —valga la ironía—, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, el representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. ¡Cómo se puede decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley! Les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo, pero este señor es un criminal y como tal deberían tratarle; no es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema, es esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. Que este señor diga que la dación en pago no es una solución a nosotros nos reafirma plenamente. Si la gente que nos ha hundido en la miseria nos dice que la dación en pago no es la solución nosotros estaremos más convencidos que nunca de que la dación en pago es sin duda la solución para el tema de la deuda.
Hoy hemos venido aquí para exponerles una vez más —lo haremos tantas veces como sean necesarias y la sociedad civil ha demostrado una paciencia infinita hasta la fecha—, aunque ya lo hemos hecho miles de veces, cuáles son nuestras demandas y nuestros argumentos, y si ustedes desean hacer preguntas al final estaremos encantados de responder, pero sobre todo hoy venimos aquí para preguntarles nosotros a ustedes y queremos respuestas porque no podemos esperar más. Como les decía, han pasado cuatro años, se han llevado a cabo más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, han muerto personas, hay muchas otras personas que afortunadamente no han muerto pero que han intentado quitarse la vida y nosotros lo estamos viviendo cada semana, y estas personas exigen que se les dé una respuesta cuando ya están todas las cartas sobre la mesa. De hecho, al finalizar la comparecencia les agradecería que recibieran un sobre que tenemos para cada uno de los grupos parlamentarios. Por tanto, antes de irse les rogamos que reciban nuestro sobre, sobre que desde luego no contiene ilícitos sino propuestas muy razonables.
Lo que hoy venimos a plantear aquí, una vez más, son demandas de mínimos para hacer frente al problema más grave que ahora están sufriendo miles de personas en este país. Sabemos que no es la solución a todo, sabemos que habrá que hacer muchas otras cosas; somos los primeros que lo hemos dicho desde el primer día. Habrá que regular muchas cosas en este país para hacer que la vivienda deje de una vez de ser una mercancía y se la trate como lo que es, un derecho fundamental, y se priorice la función social de las miles de viviendas que hay en este país por encima de su valor especulativo. Por tanto, habrá que hacer muchas modificaciones tanto legislativas como medidas de política pública, pero hay una cuestión de urgencia que no puede esperar más y ese es el mensaje principal que nosotros hoy les traemos aquí. Hay un problema de una legislación completamente anómala, a pesar de lo que diga el representante de la banca; todos sabemos que en ningún país de nuestro alrededor está pasando lo que está pasando aquí. Somos el país de Europa que más desahucia, con mucha diferencia, y al mismo tiempo el país que más miles de viviendas vacías acumula. Esta barbaridad clama al cielo, atenta contra el sentido común y requiere una intervención inmediata. Tenemos este problema de viviendas y tenemos el problema de esta ley anómala que está dejando a miles de personas endeudadas de por vida, que no solo pierden la vivienda sino que se quedan con la deuda de por vida. Por tanto tenemos, por un lado, esta deuda que consideramos ilegítima por el tema de la estafa que he mencionado antes y, por otro lado, aparte de la deuda ilegítima que supone en la práctica la muerte financiera de las personas y por tanto la condena a ser excluidos sociales de por vida, tenemos el problema de la vivienda, de los desahucios y de la gente en la calle.
Frente a estos dos problemas de emergencia es respecto a los que nosotros consideramos que hay que aprobar medidas con carácter urgente que los resuelvan de una vez por todas. Frente a ello hace mucho tiempo que la sociedad civil ha planteado cuáles son las demandas de mínimos que resolverían esta cuestión. Para el tema de la deuda, dación en pago y —añadimos— retroactiva, con efectos retroactivos, y eso se puede hacer de varias maneras, no hay ningún impedimento técnico real para hacer esto, es cuestión de voluntad política. Lo que nosotros planteamos con esto es que no nos valen solo medidas a futuro. Si hoy tenemos este debate aquí es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo soportable, es porque hay gente que directamente ha muerto; por tanto, en nombre de toda esta gente necesitamos una solución para todas las personas afectadas. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que, como hemos dicho, ha sido víctima de una estafa. Que paguen los estafadores pero que no paguen los inocentes. En consecuencia, no vamos a aceptar ninguna solución que no tenga efectos retroactivos y exigimos que se dé esa segunda oportunidad a toda la gente afectada.
Por otro lado, en cuanto al problema de la vivienda pedimos la moratoria inmediata y con carácter urgente de todos los desahucios y no de unos pocos, como se ha regulado recientemente con el decreto de 15 de noviembre. Pedimos la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe. Por supuesto, nosotros no hemos planteado las medidas, como ha pretendido a veces hacer creer la banca, en términos generales, como si nadie tuviera que responder de sus deudas. No, siempre hemos dicho que lo planteamos para vivienda única y habitual, y para deudores de buena fe. Eso está recogido en muchísimas legislaciones y es fácil de establecer jurídicamente si realmente hay voluntad política para ello. Por lo tanto, en estos casos de vivienda habitual y deudores de buena fe exigimos, aparte de la dación en pago retroactiva, que se regule esta moratoria inmediata para detener la sangría de los desahucios. La moratoria es una práctica perfectamente normal y habitual en muchos países de nuestro alrededor. En Francia lo hacen desde hace muchísimos años, antes de la crisis, simplemente —fíjense— por motivos climáticos. Porque en invierno hace frío, durante seis meses cada año en Francia se detienen todos los lanzamientos de viviendas. ¡Y aquí lo que está costando plantearlo! En Italia también se han detenido los lanzamientos; en Grecia también hay una moratoria de desahucios. Cuando España es el país en el que más grave es la problemática, es increíble lo que está costando decretar esta moratoria temporal hasta que realmente se resuelva la situación. Lo primero es detener los desahucios y a partir de ahí hagamos medidas más estables para resolver el problema de la vivienda que pasarían, desde nuestro punto de vista, por hacer que esas viviendas vacías acumuladas en manos de entidades financieras se reconviertan en el parque de alquiler social que tanto necesita este país. Ya todas las voces coinciden en decir que precisamente si tenemos el problema que tenemos es porque se ha impulsado sobremanera el régimen de propiedad y lo que necesitamos es un parque de alquiler social. ¿Qué entendemos nosotros por parque de alquiler social? Lo mismo que dicen los estándares internacionales, lo que recomienda Naciones Unidas, que como máximo se destine el 30% de los ingresos de la unidad familiar al pago de la vivienda; como máximo el 30% de los ingresos.
Esas son para nosotros las medidas de mínimos. Quien no pueda pagar la hipoteca nos parece lógico que asuma su parte de responsabilidad, la que era consciente que asumía cuando firmó ese crédito hipotecario. Es decir, poder perder la propiedad de esa vivienda pero no necesariamente la posesión. Se puede reconvertir esa vivienda en un alquiler social porque además si no, se está creando un perjuicio no solo social sino económico. Son miles de viviendas que ya se están estropeando, que están generando montones de problemas también en las comunidades de vecinos porque no cumplen su función social, se deterioran y no sirven para nada, simplemente están ahí paradas esperando a que llegue algún inversor extranjero o a que vuelvan a reactivar el ciclo especulativo y una nueva burbuja inmobiliaria. Entendemos que en una situación de emergencia habitacional como la que tiene este país se requiere una intervención de emergencia, parando los desahucios y obligando a que esas viviendas vacías se destinen inmediatamente al alquiler social. Además, cuando nosotros diseñamos estas medidas de mínimos todavía no existía el banco malo. Ahora se ha creado; pues es la oportunidad única de crear ese parque de alquiler social. No nos vamos a contentar con ese fondo creado con el último decreto que nos parecen, sinceramente, las migajas; 6.000 viviendas son migajas en un país que acumula millones de viviendas vacías. Las propias entidades financieras hablan de que en sus manos están más de un millón de viviendas vacías. No vamos a aceptar 6.000 viviendas que además son los bancos quienes van a decidir cuáles son. Todo hace pensar que al Sareb, al banco malo, van a enviar las mejores viviendas y las migajas, las de la periferia, las estropeadas, las que nadie quiere y no tengan salida en el mercado quizás los bancos se las ofrezcan a las personas desahuciadas. Eso no nos parece admisible. Son insuficientes los criterios de acceso que excluyen a la mayor parte de gente afectada y además entendemos que qué viviendas se destinan al alquiler no lo deben decidir las entidades financieras que hasta ahora han destacado por su pésima y criminal gestión, sino que lo debe decidir la gestión pública, el interés colectivo. Por lo tanto, estas son las medidas que para nosotros son de mínimos y que, como decía, venimos planteando desde 2010.
Además, en el último año estas medidas se han recogido en una iniciativa legislativa popular de la que seguramente ustedes habrán oído hablar. Esta iniciativa legislativa popular ha movilizado a grandísima parte de la población y, si bien la Ley de Iniciativa Legislativa Popular requiere medio millón de firmas para que se tramite en el Congreso, la movilización tan amplia que ha existido desde abril pasado, cuando se empezaron a recoger las firmas, ha hecho que hayamos superado de lejos el millón de firmas. Por tanto, esas demandas ya no son solo de las personas afectadas, tampoco de muchos jueces que ya se han expresado públicamente a favor de estas demandas de mínimos, de centenares de ayuntamientos que han aprobado mociones respaldando concretamente estas demandas, sino que además están avaladas por un proceso de movilización que ha reunido más de un millón de firmas cuando además no es fácil recoger esas firmas, se lo aseguro, porque la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y el procedimiento no lo facilita en absoluto. Hay toda una burocracia para recoger esas firmas, unos papeles especiales que tiene que validar la Junta Electoral con una serie de requisitos, donde por ejemplo además se excluye a miles de personas a las que no se les reconocen derechos de ciudadanía, como votar en las elecciones o firmar una ILP, pero en cambio se las consideró ciudadanas de pleno derecho para estafarlas con hipotecas a treinta, cuarenta y cincuenta años. Hay miles de personas que han quedado excluidas de este proceso tan complicado y, sin embargo, hemos reunido más de un millón de firmas. Por lo tanto, estas demandas tienen un amplio consenso social, y de hecho, más allá de la gente que ha podido firmar —nos consta que muchísimas personas se han quedado con las ganas, porque así nos lo han hecho llegar por distintas vías—, todas las encuestas que se han hecho recientemente hablan de que el 90% de la población respalda estas demandas. Si ustedes realmente se creen la democracia y se creen que estamos en la institución, en el Congreso, que debe ser máxima expresión de esa democracia, entendida como el traslado de la voluntad ciudadana a la voluntad colectiva, lo que deberían hacer, aunque sea tarde porque han pasado —como decía— cuatro años y miles de víctimas por en medio, es escuchar esas demandas ciudadanas y trasladarlas a una reforma urgente, que es lo que se está pidiendo.
Quiero recordar brevemente que estas demandas no han tenido el mismo trato por parte de todos. Nosotros interpelamos por igual a todo el mundo desde que empezamos con estas demandas en 2010 y hay que decir que cuando esto no ocupaba las portadas de los periódicos y muy poca gente desde la institución nos daba interlocución, algunas fuerzas políticas sí nos escucharon. Hay que decir que aquí, en el Congreso, que concretamente primero fueron Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, luego Izquierda Unida y BNG, los que desde el principio recogieron esas demandas y las trasladaron al Congreso. Luego ha habido fuerzas que han sido ambiguas, que en algunos momentos se han expresado a favor, en otros en contra, han votado en contra en distintas votaciones que se han producido, como son Convergència i Unió y UPyD. Y hay dos fuerzas mayoritarias que hasta hoy han estado bloqueando esas demandas, que han sido el Partido Socialista y el Partido Popular, que han sido las dos fuerzas mayoritarias que se han ido alternando en los dos Gobiernos, que podrían haber intervenido y no lo hicieron, hasta ahora. Recientemente parece ser que el Partido Socialista ha expresado públicamente que reconoce que se equivocó y que va a modificar su comportamiento respecto a estas medidas. Nosotros celebramos ese anuncio pero comprenderán que después de cuatro años de actuar en contra de estas medidas la población desconfíe y hasta que esas palabras no se traduzcan en hechos, y pronto habrá ocasión con la propuesta de medidas de la ILP que llega al Congreso, hasta que no se demuestre con hechos nosotros seremos prudentes respecto a estas manifestaciones. Pero, desde luego, insistimos, nunca es tarde para escuchar las demandas ciudadanas.
También quiero recordar brevemente que este año pasado, 2012, alguna novedad se ha producido. Fruto de la presión social, claramente de la presión social, el Gobierno alguna cosa tenía que hacer, especialmente cuando se conocieron ya, desgraciadamente, algunos casos de suicidio, que ya les digo que son más, porque nosotros los hemos vivido directamente, más de los que han salido en los medios de comunicación. Cuando se conocieron en noviembre algunos casos de suicidio, el Gobierno se dio cuenta de que había que reaccionar y de que había que parar los desahucios, al menos parcialmente. En el año 2012 hubo dos decretos. El de marzo, el mal llamado de buenas prácticas, supuestamente se presentó con el titular de que se abría la puerta a la dación en pago y, sin embargo, meses después su aplicación ha sido bochornosa: pocas decenas de operaciones se han acogido a ese decreto y solo ocho daciones en pago se han firmado en el marco de ese decreto. Teniendo en cuenta todo el aparato del Estado que se ha movilizado, todos los recursos que hay detrás de esa medida, realmente es un insulto a la población, que frente a centenares de daciones en pago que hemos conseguido desde la ciudadanía con cero recursos, frente a eso la Administración, el Gobierno haya hecho una intervención que ha supuesto ocho daciones en pago; nosotros en el mismo tiempo hemos hecho centenares. Les aseguro que es una cuestión de voluntad, no es una cuestión técnica. Ese decreto ya se ha demostrado —todo el mundo está de acuerdo— que no resuelve en absoluto el problema, que, al contrario, ha servido para darles un balón de oxígeno a las entidades financieras y para tener una excusa en las negociaciones que hacían con nosotros y decir que como la mayor parte de la gente no cumplía con los requisitos del código de buenas prácticas, intentaban evitar muchas negociaciones que, en cambio, antes podíamos realizar; o sea que, al contrario, ha servido como coartada y ha empeorado la situación, ha dificultado muchas negociaciones que estaban en curso. Luego vino el decreto de noviembre, cuando aumentó la presión social y la alarma social, como decía. Poco antes de que se aprobara, hubo una intervención pública de las entidades financieras, de la Asociación Española de Banca, donde dijeron explícitamente que estaban dispuestos a paralizar solo unos pocos desahucios en casos que ellos consideraban extremos y finalmente el Gobierno aprobó aquellos requisitos que la Banca había declarado que estaba dispuesta a asumir. Una vez más se cedió a la presión de las entidades financieras, aprobando un decreto que todo el mundo coincide en que tampoco va a resolver el problema ni en el tema de los desahucios ni en el tema del alquiler social.
Y nos encontramos hoy aquí, con la ocasión, aunque tardía, de ampliar ese decreto que todo el mundo coincide en que es insuficiente y es en esta discusión donde nosotros les decimos que recojan ya esas demandas de mínimos incluidas en la ILP. Más allá de la tramitación de la ILP, que va a seguir su curso próximamente, entendemos que lo que importa es que esas medidas se recojan y se plasmen cuanto antes. Por lo tanto, pedimos a esta Comisión que incluya ya entre las medidas acordadas esas medidas de mínimos. Si además las amplía, perfecto, porque creemos que hay que adoptar más medidas; no creemos que sean las únicas a adoptar, pero estas son de mínimos y no se negocian, son irrenunciables.
Como les decía, les podría dar muchísimos argumentos que hemos ido desarrollando y experimentando en estos cuatro años. Les he dado ya algunos; pensamos que estas demandas son de mínimos y que son imprescindibles para respetar los derechos humanos de la población. Pero más allá de los argumentos de derechos humanos hay que recordar que hay unos compromisos del Estado español que están recogidos, no solo los compromisos de la Constitución española que para algunas cosas es sagrada y para otras en cambio se la pisotea sistemáticamente como en el artículo 47, sino también en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que obliga al Estado español a hacer lo posible para avanzar en el derecho a la vivienda y jamás retroceder, cosa que precisamente se está produciendo ahora. También los compromisos internacionales del Estado español le obligarían a hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar los desahucios, porque internacionalmente se considera a los desahucios, al hecho de sacar a alguien de su casa sin ofrecerle realojo alguno, como la peor vulneración del derecho a la vivienda, como el acto de mayor violencia. Pues bien, no solo el Estado español no está haciendo todo lo posible para evitar estos desalojos, sino que encima los pocos recursos disponibles, esos recursos que nos dicen que no hay para servicios básicos que necesita la ciudadanía, se ponen a disposición de las entidades financieras para hacerles el trabajo sucio y se pone todo el aparato judicial, todo el aparato policial a disposición de estas entidades financieras para que desalojen cuanto antes.
Hay compromisos internacionales que el Estado español está incumpliendo; por lo tanto no nos estamos inventando nada, estamos pidiendo que se cumpla la legalidad. Además de estos compromisos de derechos humanos que se están viendo sistemáticamente violentados hay un tema estrictamente económico. O sea, no solo no es verdad —en la primera comparecencia de don Julio Rodríguez ha salido en varias intervenciones—, no solo no es cierto —hoy ya todo el mundo lo sabe— que el tema de que la dación en pago en las deudas de las familias hundiría el sistema; no, perdonen, el sistema ya se ha hundido solo por su pésima gestión y ya lo estamos rescatando la ciudadanía con miles de millones de euros que nos están recortando en sanidad y en educación. No es cierto que se vaya a hundir el sistema, el sistema se ha hundido solo. Además, el problema de morosidad —son datos objetivos— es el de las inmobiliarias, no el de las familias, a las que en cambio se les está aplicando cada día la dación en pago, y aquí nadie se escandaliza, aquí nadie habla de la inseguridad jurídica ni del impacto económico que tienen estas daciones en pago sistemáticas, de unos activos que, por cierto, están mucho más devaluados que los activos de las viviendas familiares, porque las viviendas familiares normalmente se encuentran en poblaciones donde siempre habrá una cierta demanda; en cambio los activos de los fracasos inmobiliarios suelen ser edificaciones a medio construir, fantasmas, solares que ahora no valen nada, es decir, activos que nadie quiere y que ahora no tienen ningún valor, por lo tanto, están muchísimo más devaluados. Sin embargo, a estos activos se les está haciendo —insisto— la dación en pago, y ahora con el banco malo se está limpiando a las entidades financieras de todos estos activos llamados tóxicos sin que se produzca ninguna intervención parecida para rescatar a las personas.
Así pues, no es cierto que la dación en pago sea una amenaza económica; clarísimamente es una excusa de las entidades financieras, porque son parte interesada y habría que dejar de escucharles como expertos, insistimos. Además de esos hay otros argumentos económicos. Este país no va a salir de la crisis si a miles y miles de personas se les expulsa para siempre del sistema, se les convierte en proscritos financieros y, por lo tanto, se les empuja a la economía sumergida, porque nadie va a tener ningún estímulo para trabajar si saben que le van a embargar parte del sueldo. Es economía sumergida, son impuestos que se dejan de recaudar, son usuarios perpetuos de los servicios sociales, personas que van a ir toda su vida a pedir todas las ayudas disponibles de la Administración pública. Así pues, estamos comprometiendo los servicios sociales de toda una generación. Nos va a costar mucho dinero, si no se resuelve este problema, si no se permite a las personas que se liberen de esta deuda, y el país nunca va a salir de la crisis. Precisamente por eso en Estados Unidos, un país tan liberal, está regulada la dación en pago, y por eso también en toda Europa existen mecanismos de resolución de la deuda más directa o indirecta, los mecanismos llamados de segunda oportunidad, que de facto acaban produciendo la dación en pago. ¿Por qué? Porque todos son muy conscientes de que en términos estrictamente económicos, si no damos incentivos a las personas para que vuelvan a reiniciar la actividad económica, este país va a acabar en el inmovilismo absoluto y en la economía sumergida, y así no vamos a salir de la crisis. Por lo tanto, hay argumentos estrictamente económicos que apoyan la dación en pago y la reutilización de esas viviendas vacías en manos de las entidades financieras.
Otro de los argumentos que hemos escuchado también es el relativo a la inseguridad jurídica que provocaría que no se pagaran estas deudas hipotecarias de viviendas habituales porque es muy importante el mensaje de que en este país las deudas se pagan. ¿Las deudas se pagan? Depende. Quien debe mucho no paga esas deudas. Por ejemplo, hablaba de las inmobiliarias y las constructoras, a quienes se les hacen quitas de más del 50%; algunos partidos políticos tampoco pagan sus deudas y las entidades financieras a ellos sí que les condonan esas deudas, no a todos, pero algunos partidos tienen deudas que les son condonadas, a diferencia de las familias. Las entidades financieras también son morosas. Me ha parecido escandaloso que el anterior compareciente hablara de que no les interesaban las ejecuciones hipotecarias y quedarse con esos activos porque luego tenían cargas como pagar el IBI y la comunidad de propietarios. Hay que tener cara para decir esto cuando hace poco se filtraba que las entidades financieras como mínimo deben 250 millones de euros en concepto de esos gastos de comunidad que no están pagando y que están causando un perjuicio muy importante a las comunidades de vecinos. Luego lo de que las deudas se pagan, depende. Hay algunas que prescriben muy rápido, como los grandes delitos financieros, al igual que la corrupción y, en cambio, las únicas deudas que son a perpetuidad son las deudas contraídas por las familias por acceder a un bien de primera necesidad.
Voy terminando. Ahora hay una novedad y es que además de la discusión que está teniendo lugar en esta Comisión, como decía, hemos terminado la recogida de esas firmas de la iniciativa legislativa popular, que ha conseguido más de un millón de firmas que no creemos que puedan ustedes despreciar. Además, esto se va a tramitar ahora. Esto se podía haber alargado en el tiempo, pero, como decía, fruto de la presión social ha empezado a haber cambios en la reacción de algunos grupos parlamentarios y se nos ha informado de que el Partido Socialista ha anunciado que retiraba una propuesta de ley que tenía para debatir el Pleno del próximo martes y cedía el puesto para que se discuta la admisión a trámite de nuestra iniciativa legislativa popular. Es decir, el martes que viene, ustedes, los grupos que ustedes representan, los diputados y diputadas que conforman estos grupos, van a tener que votar si aceptan o no a trámite la iniciativa legislativa popular. Confiamos en que admitan a trámite esa iniciativa que recoge lo que hoy son las demandas con más consenso social en este país. Lo dicen todas las encuestas y lo dicen los miles y miles de firmas que las avalan. Nos parecería totalmente incomprensible que ustedes no aceptaran tramitar esa iniciativa legislativa popular. Desde luego, eso lo único que haría sería ahondar aún más el abismo de legitimidad que ahora mismo separa a instituciones como el Congreso del conjunto de la ciudadanía.
Por eso, en las cartas que hoy les vamos a entregar al finalizar esta comparecencia, además de exponerles alguno de estos argumentos que yo he resumido aquí, también les decimos que para nosotros ha llegado un punto de inflexión. Creemos que la ciudadanía ha tenido hasta ahora una dosis de paciencia infinita por la gravedad de los hechos que estamos describiendo y que estamos tratando, porque literalmente hay vidas en juego y nosotros lo estamos viendo cada día, como les decía. Hasta ahora nos hemos empecinado en agotar todas las vías que ofrecía el sistema. Hemos hablado con servicios sociales, con partidos políticos, con ayuntamientos, con oficinas de vivienda, con comunidades autónomas, con los juzgados, hemos puesto todos los recursos posibles, hemos hablado con todo el mundo. Nos han dicho que teníamos que recoger firmas como hormiguitas y hemos recogido más de un millón de firmas. Hemos agotado todos los canales y si, en cambio, las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana tan clara y contundente que avala esas demandas de mínimos, estarán ustedes legitimando que demos un peso más y aumentemos la presión social. No es un capricho, no tenemos ganas de estar permanentemente movilizados y les aseguro que tenemos mejores cosas que hacer. Desde luego, la gente de lo que tiene ganas es de buscar empleo y de buscar soluciones para su vida cotidiana; no tienen ninguna gana de estarse manifestando y haciendo acciones de presión, pero no nos queda más opción. Las cartas están sobre la mesa, las demandas ciudadanas están sobre la mesa. Si hay grupos todavía que insisten en despreciar esa voluntad ciudadana, se tendrán que enfrentar a que públicamente les señalemos, y es eso lo que hoy tenemos que anunciar aquí. Pedimos a todos los diputados y diputadas que hagan un examen de conciencia, más allá de los grupos parlamentarios como tales. Apelamos directamente a las personas con nombres y apellidos que tienen una vida, que tienen familia, que podrían intentar imaginarse lo que significa que te destruyan la vida de un día para otro. Pónganse ustedes en la piel de la gente que está sufriendo todo esto, hagan un examen de conciencia y piensen si pueden votar en contra de estas medidas de mínimos. Aquellos diputados y diputadas que no se comprometan desde ya a defender estas medidas de mínimos en este trámite que se está desarrollando en esta Comisión o cuando se discuta la admisión a trámite de nuestra ILP el próximo martes, van a tener que ver cómo la población empieza a señalarles públicamente allí donde vayan.
Nunca vamos a incitar acciones de violencia. (El señor Delgado Arce: No, qué va). Somos un movimiento pacífico y creemos firmemente en las acciones pacíficas, pero tampoco vamos a tolerar la impunidad que arruina la vida de miles de personas condenadas a un sufrimiento intolerable.
Una última cosa. Antes decía que estas medidas son de mínimos; si quieren hablar de más medidas estamos plenamente dispuestos a hablar de más medidas, por ejemplo, abordar el tema de las cláusulas abusivas, de los intereses abusivos que habría que limitar muchísimo; las tasaciones, porque habría que conseguir tasaciones independientes que no sean hechas por empresas impuestas por las entidades financieras y participadas por ellas mismas; habría que regular el mercado del crédito para evitar el sobreendeudamiento. Hay otro tema colateral que nos hemos encontrado con posterioridad al redactar la iniciativa legislativa popular, y que es un tema urgente también. Es el tema de la fiscalidad. Ahora mismo no solo el Estado no está haciendo nada o casi nada para evitar los desahucios y las deudas ilegítimas que arruinan la vida de miles de personas, sino que encima se está lucrando con la desgracia de las personas. Ahora mismo a las ejecuciones hipotecarias y a las daciones en pago se les da la consideración a todos los efectos de transmisión patrimonial, como si fuera una compraventa en la que se produjera un enriquecimiento, es decir, que a miles de personas que lo están perdiendo todo y se están quedando con una deuda de por vida y son embargadas, encima les llega con la declaración de Hacienda reclamaciones de miles de euros, más la plusvalía municipal. —Muchos ayuntamientos están buscando la manera de no cobrarla por la presión que está haciendo la ciudadanía, pero que todavía no se ha regulado en los últimos decretos que se han hecho; se podría haber hecho y tampoco se ha hecho—. Encima la Administración pública se está lucrando con la desgracia de la ciudadanía, esto es algo que también habría que modificar junto con las demandas de mínimos de esta iniciativa legislativa popular.
Desde luego, habría que regular el alquiler para que sea una alternativa real y la gente tenga opciones en este país; todo lo contrario de la última propuesta de reforma de ley que sabemos que está sobre la mesa, que pretende desregular todavía más este mercado del alquiler para dar más ventajas a los posibles potenciales, grandes inversores del mercado del alquiler; con ella se quiere acelerar todavía más los desahucios sin garantizar en cambio ningún realojo para las personas afectadas; con esa propuesta de reforma además se quiere reducir de cinco a tres años la duración del contrato de alquiler. ¿Cómo quieren que alguien en este país vea el alquiler como una alternativa real, si ustedes lo criminalizan y lo hacen todavía más vulnerable? Hay que ver la regulación del alquiler como en Alemania, con límites a los precios y dando estabilidad a los inquilinos, imprescindible para hacer una solución de futuro en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Colau, en primer lugar usted ha sido invitada aquí por un acuerdo de todos los grupos que están representados, de todos los grupos, por un acuerdo muy claro y muy conciso. En segundo lugar, aquí, en esta casa, la libertad de expresión es una regla de oro y particularmente para quienes están representando a los grupos de oposición, pero tenemos unos límites, señora Colau. A usted hoy, si hubiera sido diputada, le hubiera tenido que llamar al orden en un momento determinado de su intervención por los graves conceptos ofensivos que ha manifestado usted hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir que los retire porque esto naturalmente queda escrito.
La señora REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS (Colau Ballano): No voy a hacerlo.
El señor PRESIDENTE: ¿No va a hacerlo? En este momento no le puedo llamar al orden al no ser un diputado o diputada, pero le aseguro que si vuelve a decir eso tendré que suspender esta comparecencia. Usted no puede llamar lo que ha llamado al interviniente anterior, que ha sido también cordialmente invitado como lo ha sido usted. Usted puede tener las diferencias de criterio más abismales con él, pero usted no puede verter las gravísimas ofensas que ha hecho al señor interviniente anterior. Le ruego por segunda vez que piense que lo que ha hecho usted es muy grave, una ofensa muy grave. Le ruego que la retire para que no conste en el «Diario de Sesiones» de hoy.
La señora REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS (Colau Ballano): Lo único que le puedo responder es que lo que me ha faltado —creo que le ha faltado a muchísima gente— es que esta llamada de atención se la hubiera hecho usted al compareciente anterior cuando ha ninguneado y despreciado el sufrimiento de miles de personas, ha negado el problema, ha dicho que no se producen lanzamientos y que la ley actualmente funciona muy bien. Creo que le debería haber llamado la atención porque realmente ha despreciado y ha insultado. Hay muchas maneras de insultar, hay muchas formas de violencia y hay muchas formas de desprecio. El compareciente anterior —se lo aseguro— ha ofendido a la gente con la que estoy cada día en las calles luchando contra este problema; les aseguro que nos ha ofendido profundamente.
El señor PRESIDENTE: Considero que no ha habido ningún tipo de ofensa de la gravedad que usted ha señalado respecto al compareciente anterior.
Quiero añadir que quienes estamos aquí representamos a todos los españoles, a través de unas urnas. Usted viene con la legitimidad que crea usted adjudicarse con muchas firmas y con mucha gente. Los que estamos aquí representamos a todos los españoles después de haber pasado por unas urnas, y democráticamente respetando las reglas del juego democrático. A lo mejor no era su intención, pero aquí hay varios grupos y algunos nos hemos sentido como si nos amenazasen. Cualquiera de los diputados en su libertad de conciencia votará lo que crea conveniente la semana que viene y la próxima. Le rogaría que no nos amenazara si votamos o no lo que un compareciente o una compareciente nos diga.
Reitero que ha venido a la Comisión invitada con toda cordialidad y que hoy en algunos momentos ha utilizado conceptos muy ofensivos hacia el compareciente anterior para, a continuación, lanzar algunas amenazas a los diputados y diputadas. Al menos debo decir, para que conste en el «Diario de Sesiones», que en absoluto estoy de acuerdo.
Pasamos al turno de portavoces.
[...]
Me han pedido brevedad porque efectivamente es muy tarde. Intentaré en todo caso concentrar las intervenciones porque algunas han ido por el mismo camino.
Empiezo por la intervención del Grupo Socialista. No me ha quedado claro si han dicho que apoyarían las demandas de mínimos. Han dicho que querían ir a más y nosotros también estamos de acuerdo en que se vaya a más, pero no nos ha quedado claro si realmente apoyarán las medidas de mínimos de la ILP. (La señora Iglesias Santiago: Sí, claro). Me está diciendo que sí. Perfecto, lo celebramos.
Sobre medidas más ambiciosas, ahora no da tiempo a extendernos. Les podemos enviar materiales, podemos mantener esta conversación todas las veces que digan. Ya he hecho antes un listado de temas, de las muchas cosas que hay por regular. Efectivamente, hay que limitar la capacidad de sobreendeudamiento, los plazos de los créditos, la parte de los ingresos que se destina a pagar una hipoteca. Estaremos de acuerdo en todas esas medidas a futuro que me ha parecido que también había mencionado usted. Le he hablado de impedir las cláusulas abusivas, de simplificar los contratos; de una cosa tan sencilla como simplificar los contratos. ¿Cómo puede ser que en este país para acceder a un bien de primera necesidad se firmen contratos que ni siquiera muchísimos abogados y economistas son capaces de entender? ¿Por qué ese lenguaje que supuestamente es técnico, pero en realidad es opaco y esconde un montón de abusos y de desinformación, que es vital para la gente que está firmando esos contratos? Algo tan sencillo como simplificar los contratos hipotecarios para que sean perfectamente comprensibles para todo el mundo sería un paso muy importante. Lo mismo sucede con el tema de las tasaciones, lo que he comentado antes de la fiscalidad, que ahora mismo el Estado se está lucrando con las ejecuciones y las daciones en pago, mejorar el alquiler, les he dicho ya muchas medidas que pensamos que pueden mejorar la situación. Lo que a nosotros nos preocupa, y queremos insistir, es que por no abordar estas medidas de fondo imprescindibles, de mínimos, que decía, recogidas en la iniciativa legislativa popular —la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social—, por evitar abordar estas cuestiones se hable de otras más tangenciales o anecdóticas. Eso es lo que no aceptaríamos. Pero mientras se aborden las demandas de mínimos, en todo lo que sea ampliar y mejorar tanto el tema hipotecario como el tema del alquiler, desde luego, estaremos de acuerdo y creemos que se tiene que hacer, pero ya estas medidas que son urgentes para la vida de las personas afectadas.
Como cuestión general, ahora me ha quedado claro que el Grupo Socialista va a votar a favor de esas medidas de mínimos, aparte de que las quiera ampliar, también me ha quedado claro que La Izquierda Plural y Amaiur y el Grupo Mixto van a apoyar estas medidas, del resto de fuerzas, no me ha quedado claro: no han dicho si van a votar a favor o no. Concretamente, del Grupo Popular, respecto a la votación del martes que viene, que faltan muy pocos días (Rumores.—Un señor diputado: Sin coacciones), nos gustaría saber si han hablado ustedes de si van a admitir a trámite, ya no si van a votar a favor de esas medidas, si se va a tramitar esa iniciativa avalada por cientos de miles de firmas. No nos han contestado a eso…
El señor PRESIDENTE: Señorías, calma, por favor.
La señora REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS (Colau Ballano): Igualmente, les pido que por cualquier canal posible nos respondan a esa pregunta (El señor García Egea: Está claro ya), porque hay mucha gente pendiente de la respuesta.
Por concentrar, ha habido varios intervinientes que han dicho que se han sentido amenazados, se ha hablado de democracia, de que esta es una institución democrática per se. Primero, la mayoría de la población, la inmensa mayoría, y de hecho la desafección política que existe en este país y la abstención galopante que no hace más que aumentar lo avala, la mayoría de este país considera que votar cada cuatro años no es democracia, que con eso no es suficiente, que eso no es un cheque en blanco para que luego los grupos parlamentarios hagan lo que quieran pensando que están avalados por la mayoría de la población. Eso no es democracia, y menos en el siglo XXI, cuando existen todos los recursos tecnológicos para que se consulte a la ciudadanía regularmente, al menos para las cuestiones importantes y cruciales. Realmente se podría profundizar mucho más en la democracia, se podría tener una democracia mucho más participativa y si eso no se está haciendo es porque no se quiere, porque no hay voluntad política, y eso es lo que cada vez más gente estamos diciendo desde sectores muy distintos, muy plurales, desde posiciones ideológicas muy diferentes, desde sectores profesionales muy distintos. Lo que yo les estoy trasladando no es la opinión ni siquiera de la plataforma, hay un amplísimo consenso social y, si no, miren ustedes los debates que se producen en Internet y en las redes y verán que la inmensa mayoría de la población considera que estamos en una democracia más que precaria, que desde luego podría ir mucho más allá de lo que está yendo actualmente y que votar cada cuatro años eso no es democracia, democracia es mucho más que eso.
Y yo les devuelvo la pregunta. Ustedes han dicho que porque les votaron consideran que están ampliamente legitimados para estar aquí. Obviamente, yo eso no lo he cuestionado en ningún momento. Pero yo les pregunto: ¿ustedes consideran que democracia es trasladar las demandas de la ciudadanía y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía al Congreso? Yo les hago esa pregunta. En teoría es eso la democracia. Porque, si es eso, les aseguro que las demandas de mínimos que yo les he trasladado tienen el consenso de la inmensa mayoría de la población, eso es lo único que me he limitado a trasladarles.
Además de eso, les he trasladado otra cosa. Yo no les he amenazado y mucho menos a título personal, les he dicho que yo no soy nadie. Lo único que he hecho es transmitirles un sentimiento general de miles de personas, un sentimiento de que no podemos más y que lo que nosotros estamos defendiendo, una vez más les insisto, no son posturas ideológicas, estamos defendiendo la vida y la dignidad humana, estamos defendiendo los derechos humanos, y es desde ese punto de vista desde el que nosotros les decimos: los derechos humanos no se negocian; es el principio básico que rige los derechos humanos, no son negociables. No es cuestión de opiniones políticas distintas, los derechos humanos son una cuestión de mínimos innegociables, y eso es lo que está recogiendo la ILP. Consideramos que el derecho a la segunda oportunidad y el derecho a la vivienda se encuentran entre esos derechos de mínimos, entre esos derechos humanos innegociables que sea como sea hay que defender, incluso como estamos haciendo nosotros desobedeciendo las leyes injustas. Y eso lo complemento con otra cosa. Ustedes decían que en algún momento se habían sentido amenazados por un tono vehemente que yo he utilizado. Les invito, les hago una invitación formal a todos los diputados y diputadas, no solo a los que están aquí presentes sino a todos los que formen parte de sus grupos parlamentarios, a que nos acompañen en las plataformas de afectados por la hipoteca en nuestro trato cotidiano con la gente afectada y nuestras actuaciones cotidianas. Les invito formalmente a que nos acompañen durante unos días, durante unas pocas semanas en nuestra actividad cotidiana. ¡Van a ver ustedes lo que son las amenazas! ¡Van a ver ustedes cómo las entidades financieras están machacando a buena parte de la población diciéndole mentiras, amenazándola con que si no pagan van a perder la custodia de sus hijos, diciendo que les van a enviar a la policía, que van a perder su casa y se van a quedar con una deuda de por vida! ¡Van a ver cómo están presionando a la población! ¡Van a ver ustedes realmente lo que son amenazas! También van a ver a miles de personas que se juegan el tipo, que madrugan por las mañanas para ir a frenar esos desahucios que no están parando sus grupos parlamentarios. La gente se está jugando el tipo y el Estado no solo no está reconociendo esa labor social, sino que encima envía a la policía, les pone multas y juicios por desobediencia a la autoridad y cosas similares. Esa gente que se está jugando el tipo en la defensa de los derechos humanos encima está siendo criminalizada y amenazada muchas veces por las fuerzas del Estado. Afortunadamente el consenso social es tan grande en nuestras demandas que incluso la misma policía, incluso sectores tan poco previsibles como los cerrajeros, se están planteando sumarse a la desobediencia civil porque están hartos de hacer ese trabajo sucio, están hartos de la falta de democracia que hay en este país. Por lo tanto, si quieren saber lo que son realmente las amenazas y lo que significa la vulneración de derechos humanos graves que aquí estamos denunciando, invito formalmente a sus señorías a que nos acompañen en nuestra actividad cotidiana.
Creo que básicamente he respondido a lo que era la cuestión principal. Vuelvo a invitar a que aquellos grupos que no se hayan posicionado, de verdad, desde la máxima serenidad de la que soy capaz, a que reconsideren apoyar estas demandas de mínimos y que lo hagan con carácter urgente, cuanto antes, porque hay vidas en juego y porque no podemos esperar.
