No sólo el ajuste gira en mayor medida sobre el trabajo como está ocurriendo ahora, sino que, además, los trabajadores tienen más dificultades para participar en el reparto de la renta cuando la economía crece
La reforma tiene como objetivo último devaluar el precio del trabajo y las condiciones de empleo de todos los asalariados, tanto de los que pierden su empleo e intentan recolocarse, como de los que lo conservan. Estos últimos, tras el cambio de la ley laboral están más dispuestos a abaratar su salario y rebajar sus condiciones de trabajo a la vista del ajuste que se produce a su alrededor y por miedo a perder su empleo. Con el fin de provocar esta devaluación se recortan las posibilidades de supervisión social de las decisiones empresariales ejercida por los representantes de los trabajadores, la autoridad laboral y los jueces.
El refuerzo de la unilateralidad empresarial en la toma de decisiones que supone este recorte se consigue por varias vías: se facilita y abarata el despido de los trabajadores estables, que ahora puede llevarse a cabo en empresa con beneficios y ligeras caídas en las ventas o con pérdidas previstas. La indemnización puede llegar a ser de sólo 8 meses de salario para empleados que han empeñado 20 años de su vida laboral en una empresa. Se elimina la intervención de la autoridad laboral en los proceso de extinción colectiva de empleos, suspensión de contratos o reducción de jornada. Se limita el control judicial de las causas económicas, técnicas, productivas y organizativas que justifican el despido. La reforma, asimismo, promociona la atomización de la negociación colectiva, limita la estructuración de sus materias por niveles de negociación y debilita la posición negociadora de los representantes de los trabajadores, recortándose la ultractividad de los convenios colectivos.
El gobierno con la reforma laboral apuesta por un ajuste exclusivamente laboral y sin freno, lavándose las manos en su puesta en práctica, dejando hacer a unos y no dejando ejercer a otros su papel de contrapeso, en un lugar tan importante como el 'espacio social de la empresa' donde se dirime el reparto de la riqueza generada, donde la mayoría de los ciudadanos obtienen su sustento y donde se decide quién trabaja y quién es despedido. Esta falta de frenos y contrapesos redefine las relaciones laborales sobre el conflicto y promueve una caída de la demanda de consumo mayor de la que hubiese resultado si el ajuste se hubiera distribuido entre capital y trabajo, entre medidas de ajuste interno y externo, como ocurrió -o al menos se intentó- antes de la reforma mediante los acuerdos para la negociación colectiva suscritos por los agentes sociales.
Los efectos de la reforma detectados a partir de la evidencia estadística disponible se detallan en los siguientes apartados y a continuación se resumen los principales hallazgos:
- La reforma está produciendo un importante ajuste interno y externo del trabajo en las empresas. Se percibe una significativa devaluación salarial y un aumento de los despidos en 2012, superior al esperado de la caída de la actividad económica.
El salario medio ha tenido crecimientos muy pequeños y cada vez más moderados en 2012, dejando prácticamente de crecer en el tercer trimestre, último disponible. Variaciones tan pequeñas del salario medio indican que muchos trabajadores están viendo sus salarios recortados. Por otro lado, por cada punto que cayó el PIB en 2012 el empleo asalariado en el sector privado se redujo 4 puntos, el doble que en 2009, a pesar de que en este año la recesión de la actividad económica fue mucho más profunda.
- El ajuste salarial no es una novedad introducida por la reforma, en el período previo a su promulgación los acuerdos suscritos por los agentes sociales ya habían introducido una importante moderación en el crecimiento nominal de las retribuciones pactadas de los trabajadores, que ayudó a sostener el empleo y produjo un recorte real y, en algunos casos, nominal de los salarios. Lo novedoso es que la reforma, a diferencia de estos acuerdos, no pretende mantener el empleo, en parte, a cambio de la rebaja de las condiciones de trabajo de los que permanecen en su puesto de trabajo. Su objetivo es provocar un ajuste externo e interno en las empresas. El cambio de la ley laboral no sólo facilita los despidos sino que persigue una devaluación estructural de las condiciones de trabajo de los que conservan su empleo, con el fin de apoyar un modelo competitivo basado en el emprendimiento individual y la mejora del sector exterior vía rebaja de los costes laborales. Y en la práctica esto es lo que ocurre en 2012, durante este año se produce un aumento de los despidos y una menor caída del PIB que sostienen los trabajadores que permanecen en las empresas ganando menos y trabajando más.
- El sector exterior ha mejorado pero su dimensión es todavía insuficiente para generar el volumen de empleo necesario para sacar a la economía de la profunda crisis de empleo en la que se encuentra. El motor de la economía española continúa estando en el potencial de crecimiento de su demanda interna, que sigue gripado como consecuencia de la devaluación salarial, los despidos, el aumento de los impuestos, el elevado endeudamiento, la disminución de la cobertura de las prestaciones por desempleo y del poder adquisitivo de las pensiones, y, en general, por la incertidumbre sobre el futuro a la que ha contribuido la excesiva desregulación introducida reforma laboral, que reduce el consumo y aumenta el ahorro por motivo precaución de los trabajadores más estables.
- La política en pos del emprendimiento no está teniendo, en cambio, ningún éxito en el objetivo de crear empleo. Aunque es cierto que el empleo por cuenta propia ha aumentado a lo largo de 2012, se trata de empleo refugio, de trabajadores a tiempo parcial involuntario, que no han podido encontrar un trabajo a tiempo completo, o de falsos autónomos, figura que la nueva reforma facilita. La pretensión del Ministerio de Empleo de que los parados se conviertan en empresarios de sí mismos es la expresión más extrema del discurso sobre el emprendimiento, pues pretende algo extravagante a poco que se analice la composición del desempleo y sus posibilidades de financiar un proyecto empresarial.
- Desde el inicio de la crisis se ha producido un trasvase en el reparto de la renta de los asalariados hacia los empresarios y autónomos de 55.000 millones de euros, como resultado del ajuste del empleo y los salarios. Estos han empleado el dinero fundamentalmente para desendeudarse, actuando los trabajadores como fuente de financiación alternativa al atascado sistema financiero.
- La reforma promueve unas relaciones laborales basadas en el conflicto y el enfrentamiento, suprimiendo las vías habituales que lo encauzaban hacia la negociación y el acuerdo. Algo más de 10 millones de horas se dejaron de trabajar por conflictos laborales en los tres primeros trimestres de 2012, por encima de las no trabajadas en igual período de 2011. Asimismo, la reforma provoca un significativo aumento de los expedientes de extinción de empleo sin acuerdo sobre el total de este tipo de expedientes.
- Se reduce el incentivo del trabajador a recurrir las decisiones empresariales, como resultado del refuerzo de la unilateralidad de las decisiones empresariales que hace la nueva legislación laboral. Esta rebaja se nota en el aumento de la resolución de contratos por baja voluntaria, resultado de la alteración sustancial no negociada de las condiciones de trabajo que se permite ahora. Se produce un aumento de las conciliaciones con avenencia en los despidos individuales, un recorte de los despidos con intervención judicial y un incremento en los despidos sin intervención de los jueces, que indican un aumento de la incertidumbre sobre el resultado de emprender un proceso judicial. Asimismo, aumentan los expedientes de regulación de empleo de extinción que tras la reforma no requieren de autorización administrativa previa.
- El contrato para emprendedores, que pueden celebrar las empresas de hasta 50 trabajadores y que cuenta con un período de prueba de hasta un año para cualquier categoría profesional, además de bonificaciones y deducciones fiscales, no ha tenido hasta ahora un gran recorrido. Sólo representa el 21,8% de los contratos indefinidos a tiempo completo celebrados entre febrero y diciembre de 2012. Sin embargo, esta nueva modalidad contractual puede llegar a ser más relevante cuando la economía se recupere, pudiendo inducir el aumento de la rotación de los contratados indefinidos en estas empresas y la sustitución de trabajadores veteranos por jóvenes. Por el momento, se nota un ligero incremento de los despidos en período de prueba, que desde el inicio de la crisis y hasta 2012 se habían venido recortando.
- El empleo público inicia un fuerte ajuste en 2012, alentado por el recorte del gasto público y facilitado por la reforma que posibilita los expedientes de regulación de empleo en la Administración. El empleo público se reduce en 219 mil puestos de trabajo en el último año, quedando su volumen en un nivel similar al de principios de la crisis en 2008. La rebaja se concentra en las Comunidades Autónomas (68%) y en los contratados de temporales e interinos (82%).
(Ir a parte 2/7)
